El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció el asesinato de Carlos Alberto Castillo en el departamento Tolima.
Los enemigos de la paz son quienes jalan el gatillo, los que dan la orden y también quienes miran indiferentes este exterminio, escribió en su cuenta en Twitter.
El genocidio de excombatientes, causado en parte por la incompetencia del gobierno de Iván Duque, es insoportable para Colombia, expresó Sergio Marín, representante a la Cámara por la FARC.
La ONU se pronunció recientemente por adoptar medidas en Colombia para poner fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes.
Así se lo plasmó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente Informe trimestral al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en este país, que cubre del 27 de diciembre 2019 al 26 de marzo último.
Guterres señaló como la principal prioridad para el 2020 la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.
Durante el periodo del Informe se puntualizó que la Misión verificó 16 asesinatos de exguerrilleros, con lo que la cifra total asciende a 190 desde la firma en el año 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Aproximadamente el 73 por ciento del total de asesinatos de excombatientes se produjeron en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la presencia de organizaciones criminales, precisó.
El Informe también destacó que, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, seis de los cuales fueron verificados.
El secretario general hizo un llamado a que se fortalezcan los mecanismos previstos en el Acuerdo para garantizar la seguridad y protección de esas personas y sus comunidades.
acl/mfb
