El analista y subdirector del diario Página 12, señaló que la relación entre ese sector y la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) produjo la persecución de los adversarios del expresidente Mauricio Macri con acusaciones falsas.
Además, cuestionó la decisión de legisladores de JxC de impedir la realización de debates sobre un pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizado por el mandatario Alberto Fernández y 11 gobernadores.
Recientemente, el diputado de la Unión Cívica Radical Mario Negri amenazó con no dar el quorum necesario para analizar dicha solicitud en la Cámara baja del Congreso
Se trata de una forma de chantaje. El macrismo se propone impedir el funcionamiento de las instituciones republicanas mientras el temario incluya cualquier propuesta judicial, indicó Bruschtein.
La víspera, el Frente de Todos (FdT) informó la presentación formal ante Diputados de un proyecto de resolución para iniciar el proceso contra el titular de la CSJ, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño de sus funciones.
En base a la petición del Gobierno, los legisladores del FdT elaboraron un documento conformado por 410 páginas, el cual detallan las violaciones cometidas por los integrantes del máximo tribunal y proponen citarlos para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político que llevará adelante la investigación.
Los textos suscritos por Fernández y el Frente aseguran la existencia de “una inadmisible degradación institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
Según explican, ello ocurrió principalmente por acciones de la CSJ como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La Corte también favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
Es una situación anómala en la que un poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias de los restantes, exponen.
Además, indican que lo anterior pone en riesgo el equilibrio del Estado de Derecho, afecta seriamente la gobernabilidad y la estabilidad.
Asimismo, denuncian la convivencia y la negociación entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.
A través de Robles, el titular de la CSJ desarrolló operaciones políticas específicas, ejecutadas a través de fallos arbitrarios, añaden.
Por otra parte, aseguran que Rosatti diseñó una maniobra ilegal, mediante la cual asumió de forma irregular la presidencia de la Corte; tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y manipuló la integración del mismo.
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