De esta manera concluyó un período de intensas negociaciones entre los partidos con representación parlamentaria, después del triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 a un primer proyecto de carta magna.
Luego de tres meses de trabajo la mayoría de agrupaciones políticas, excepto las de extrema derecha, firmaron el 12 de diciembre pasado el denominado “Acuerdo por Chile”, donde se establece la hoja de ruta para dotar al país de una ley fundamental.
La iniciativa fue aprobada sin mayores complicaciones en las cámaras de senadores y diputados del Congreso Nacional y desde este martes es norma jurídica de cumplimiento obligatorio.
El itinerario establece que en los próximos días ambas salas legislativas deben convocar a una sesión para la elección de los 24 miembros de un grupo de expertos, 12 por cada cámara, que se instalarán el 6 de marzo.
La función de este equipo es redactar en un plazo de tres meses un borrador de la nueva carta magna que servirá de base para el trabajo posterior.
Un momento crucial ocurrirá el domingo 7 de mayo, cuando se elegirá por voto popular y obligatorio al Consejo Constitucional de 50 miembros con paridad de género.
Si bien todavía no están convocados oficialmente esos comicios, ya los partidos políticos preparan alianzas y buscan a sus candidatos con el objetivo de lograr la mayoría de puestos e imponer así sus condiciones y criterios en el próximo proyecto de ley de leyes.
Las dos coaliciones del gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, aún no definen si formarán una lista única o va cada una por su lado, lo cual dividiría el voto y disminuiría sus posibilidades de tener una amplia representación en el Consejo.
Así lo advirtió el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, al señalar que no se puede arriesgar la pérdida de la elección constitucional por presentar candidatos separados.
Una vez definido el texto, será sometido de nuevo a plebiscito el 17 de diciembre y, si es aprobado, sustituirá a la Constitución de corte neoliberal impuesta en 1980 por la dictadura militar.
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