El analista afirmó que los titulares de las estructuras cívicas de Cochabamba, Apolinar Rivero, y de Chuquisaca, Wilmar Aguirre, negaron cualquier participación de sus departamentos en esa concentración convocada para la tarde del próximo miércoles.
Ambos dirigentes ciudadanos se quejaron de que no fueron tenidos en cuenta para esa decisión, e incluso Rivero criticó al titular del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, de convocar a otras personas afines a sus propósitos para decir que Cochabamba apoya.
Por su parte, este miércoles el jefe de la plataforma cívica paceña, Flavio Chacón, rechazó la posibilidad de cualquier apoyo a la élite de poder de Santa Cruz.
“Nosotros, como institución cívica departamental, no nos vamos a prestar a este tipo de acciones que atentan contra la democracia”, lamentó el portavoz de La Paz.
Añadió que “esos señores” (del Comité Pro Santa Cruz) deberían evaluar qué han hecho durante los 36 días de paro indefinido, “por qué han atentado contra los derechos de los ciudadanos; y han castigado a todo el pueblo cruceño”.
De su lado, el titular del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, advirtió que sus seguidores “no serán parte del cabildo” porque la exigencia de liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es un problema político.
Camacho fue arrestado y encarcelado preventivamente en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento paceño, en el caso Golpe de Estado I, en el cual es investigado por terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia.
Como resultado de ese complot en noviembre de 2019, fue impuesto un gobierno de facto, asesinadas 38 personas, cientos heridos y se registraron miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
En un video transmitido por las televisoras de Bolivia, el propio Camacho reveló que su padre, José Luis, “arregló” con mandos militares y policiales para que incumplieran la función de frenar a los grupos de choque que intentaban derrocar en 2019 al Gobierno constitucional del expresidente Evo Morales.
Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la ampliación de la denuncia, luego de mostrar millonarios movimientos bancarios que hizo Camacho antes, durante y después del golpe de Estado.
Según el titular, esas operaciones en su cuenta, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 ascendieron a 4,5 millones de bolivianos (más de 640 mil dólares).
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