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Solidaridad con marchistas confirma financiamiento social en Perú

Lima, 19 ene (Prensa Latina) El volumen de los aportes de víveres a los marchistas llegados a la capital peruana a protestar contra el Gobierno tienden a confirmar la fuente social de sustento del movimiento que sacude a Perú desde diciembre pasado.

Los marchistas, además, trajeron consigo provisiones recibidas en los pueblos por los que pasaron antes de arribar a la capital y alojarse en dos universidades estatales limeñas.

Sus comunidades reunieron el dinero para arrendar los autobuses que los condujeron aquí y se dan casos como el de la cantante folclórica Yarita Lizeth, quien dio su contribución al viaje de los manifestantes de la ciudad surandina de Juliaca, que sufrió la mayor mortandad de manifestantes en las protestas.

La joven artista no solo prestó el autobús que ella, su orquesta y sus danzantes usan en giras por el país, para que traslade manifestantes a Lima, sino que puso en la bodega un cargamento de alimentos no perecederos y agua embotellada.

Esos hechos pusieron en cuestión las afirmaciones de financiamiento ilegal oculto a las movilizaciones, lanzadas por altos funcionarios, políticos y medios de prensa.

Además, esas versiones fueron desmentidas por un boletín mensual exclusivo que una conocida consultora brinda a sectores empresariales, al que tuvieron acceso periodistas internacionales.

El informe analiza las protestas de la región surandina de Puno, las más fuertes, en la primera oleada de bloqueos de carreteras, huelgas y marchas, de diciembre pasado.

El informe asevera que la principal fuente de financiamiento de las protestas “son los recursos propios de la gente y organizaciones, las cuotas en gremios y comunidades y la solidaridad”.

En segundo lugar menciona a alcaldes que, recientemente elegidos, atienden la necesidad de apoyo de las organizaciones de apoyo logístico, con el fin de establecer una buena relación con la población.

Además, anota, “transportistas y comerciantes colaboran con logística y recursos”.

Sobre las versiones de que las protestas son financiadas por el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo, el informe indica que las economías ilegales tienen interés en intervenir para obtener influencia.

“Sin embargo, no cuentan con logística para distribuir los recursos con la eficiencia requerida” y añade que la movilización social no los necesita.

El análisis de la consultora dice también que “la mayoría de protestas han sido espontáneas, autoconvocadas” y tienen “organización y estrategia pero no hay articulación, artífices, ni líderes reconocidos”.

Refuta las versiones oficiales, políticas y mediáticas que señalan como promotores o azuzadores al expresidente boliviano Evo Morales, el expresidente Pedro Castillo, cuya destitución y detención detonó las protestas, y el dirigente populista radical Antauro Humala.

“Ninguno de ellos cuenta con capacidad de estrategia y convocatoria. Responsabilizarlos termina por darles más importancia de la que tienen, y los empodera”, asevera la evaluación citada.

ro/mrs

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