“El Ministerio Público, (las carteras de) Gobierno, Justicia y la Procuraduría demostraron que Camacho no puede ser liberado, porque tiene poder político y administrativo para impedir las investigaciones judiciales y policiales sobre el cargo penal que se le atribuye”, afirmó Rosmery Pabón, vocal que presidió la audiencia realizada en forma virtual.
La máxima autoridad ejecutiva cruceña fue arrestada el 28 de diciembre, trasladada al departamento de La Paz y encarcelada preventivamente en Chonchocoro en el expediente Golpe de Estado I, en el cual es investigado por terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia.
Como resultado de ese complot en noviembre de 2019, fue impuesto un gobierno de facto, asesinadas 38 personas, cientos heridos y se registraron miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
En un video transmitido por las televisoras de Bolivia, el propio Camacho reveló que su padre, José Luis, “arregló” con mandos militares y policiales para que incumplieran la función de frenar a los grupos de choque que intentaban derrocar en 2019 al Gobierno constitucional del expresidente Evo Morales.
Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la ampliación de la denuncia, luego de mostrar millonarios movimientos bancarios que hizo Camacho antes, durante y después del golpe de Estado.
Según el titular, esas operaciones en su cuenta, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 ascendieron a 4,5 millones de bolivianos (más de 640 mil dólares).
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