De acuerdo con la corte, el examen de los presos lo realiza el ministro Alexandre do Moraes, del STF y, hasta la fecha, se decidieron los expedientes de 574 presos: 354 tuvieron la prisión en flagrante convertida en preventiva y 220 personas obtuvieron libertad provisional mediante medidas cautelares.
En los casos, De Moraes apuntó evidencias de los crímenes previstos en la legislación brasileña y en el Código Penal, como actos terroristas (incluso preparatorios), asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución e incitación al crimen.
Hasta la última actualización, 459 audiencias de custodia fueron realizadas, bajo la coordinación de la Corregidora del Consejo Nacional de Justicia.
Un total de 946 resultaron realizadas por magistrados del Tribunal Regional Federal de la Primera Región y 513 por jueces del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de extrema derecha partidarios del derrotado mandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon el 8 de enero las sedes del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia.
El gabinete del juez divulgó una nota y se consideró que «las conductas fueron ilícitas y gravísimas, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, coaccionar e impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos».
De igual manera hubo «flagrante afrenta al mantenimiento del Estado Democrático de Derecho, en evidente desajuste con la garantía de la libertad de expresión».
En esos casos, la autoridad consideró que hay pruebas en los autos de la participación efectiva de los investigados en organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas.
Señaló la necesidad de determinar el financiamiento de la venida y permanencia en Brasilia de aquellos que perpetraron los ataques.
Para el magistrado del Supremo, «aunque hay fuertes indicios de autoría y materialidad en la participación de los crímenes», especialmente en relación con el intento de golpe, «hasta el momento no se han reunido pruebas de la práctica de la violencia, invasión de los edificios y depredación del patrimonio público».
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