El pasado lunes, la administración de Gustavo Petro llamó a consultas a la embajadora en el país centroamericano, Victoria González, ante anuncios de la Fiscalía Especial de Guatemala (FECI) sobre el titular de Defensa colombiano
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, anunció que se llevarían a cabo «acciones legales» contra el ministro colombiano por incidir en «actos ilegales y abusivos», cuando fue director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.
Tales anuncios generaron el rechazo de diversas personalidades, organizaciones sociales, tanto en Colombia como en Guatemala, y del propio presidente Petro.
«Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala», subrayó el presidente Petro.
Asimismo, el portavoz de Naciones Unidas Farhan Haq subrayó que, bajo los términos del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala por el que se creó la Cicig, el personal internacional de la comisión anticorrupción tiene «privilegios e inmunidades».
Curruchiche, quien asegura tener evidencia que implicaría a Velásquez con el caso de Odebrecht en Guatemala, fue incluido en la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, la llamada Lista Engel, creada en virtud de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte.
Esta semana, las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y del ELN se reunieron de manera extraordinaria en Caracas para solucionar el desencuentro por el anuncio del cese al fuego bilateral.
Los resultados de la reunión extraordinaria, con la presencia de los países garantes, y Naciones Unidas se darán a conocer esta mañana al tiempo que buena parte de la población colombiana espera que continúen las negociaciones de paz.
Por otra parte, comenzó en Colombia la caravana en el Bajo Calima y Medio San Juan como un primer paso en la implementación del acuerdo sobre alivios humanitarios alcanzado entre las dos partes al concluir el primer ciclo de las conversaciones en diciembre pasado.
El objetivo de la caravana, que arrancó el pasado martes, es realizar un diagnóstico inicial de la situación humanitaria en esta región donde comunidades indígenas y de afrodescendientes expresan sus realidades a las delegaciones participantes, con la finalidad de establecer cuáles son las condiciones para que puedan salir del confinamiento.
Además, el objetivo es que en los casos de desplazamiento forzado, puedan retornar a sus territorios bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad.
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