El fuego comenzó en la zona conocida como Santa Agua el 22 de diciembre y debido a la sequía y la acción de los fuertes vientos se extendió con rapidez hasta reducir a cenizas más de 100 hectáreas.
Dos personas murieron, más de mil resultaron afectadas y unas 300 viviendas sufrieron daños, muchas de ellas con destrucción total.
La administración del presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción con el propósito de destinar recursos urgentes para atender a los damnificados, en particular a quienes perdieron todos sus bienes.
De acuerdo con la ministra del Interior, Carolina Tohá, todavía persisten las condiciones que dieron origen a esa medida, como el impacto en la vida de las personas, la cantidad de víctimas y la afectación en los servicios públicos indispensables.
El gobierno entregó una ayuda financiera de urgencia a las familias y puso en práctica un sistema de apoyos para restaurar viviendas de acuerdo con el grado de los daños causados por las llamas.
Quienes perdieron su hogar por completo podrán reconstruir en el mismo lugar, adquirir una casa en otro sitio o acogerse a un proyecto de integración social.
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