Un carro blindado forzó la reja de la puerta principal cerrada por los alumnos que el miércoles último tomaron la Ciudad Universitaria para alojar allí a grupos de provincianos que arribaron para participar al día siguiente en una jornada de protestas por la renuncia de la presidente Dina Boluarte.
Tras el blindado entraron los policías y registraron las instalaciones y, según fuentes estudiantiles, detuvieron personas hasta en los alojamientos en los que viven permanentemente alumnos becados, mientras un helicóptero de apoyo sobrevolaba el campus.
Voceros de la Federación de Estudiantes de la principal universidad del país y la más antigua de América calificaron como ilegal la intervención por no contar con permiso del centro, pese a lo cual la rectora, Jeri Ramón, avaló la intervención.
La autoridad académica, que se opuso desde un primer momento a alojar a los marchistas, al afirmar que la universidad es un bien público y la Policía tiene puede actuar conforme a sus facultades.
Un comunicado de la institución docente sostuvo que la Policía actuó ”de oficio” (por su iniciativa), en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno ante las protestas sociales.
La abogada de derechos humanos Cruz Silva declaró que la actuación policial es nula por ilegal, pues no contó con la presencia de fiscales, lo que confirmaron fuentes del Ministerio Público, al señalar que acudieron horas después de consumada la intervención.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán, que junto a otros legisladores progresistas acudió a San Marcos preocupada por la situación de alumnos y marchistas -los que quedan, porque parte de ellos han retornado a sus pueblos-, contrastó la operación policial con los pedidos de diálogo de la presidenta Boluarte.
La excandidata presidencial Verónika Mendoza condenó el allanamiento y lo calificó como “inaceptable y riesgoso acto propio de una dictadura
La legisladora Sigrid Bazán indicó que la mandataria cierra la posibilidad de diálogo “al elegir la violencia como camino fácil”, rechazó la represión y exigió respeto a los derechos humanos, y la excongresista Indira Huilca condenó “el accionar repudiable de Dina Boluarte y la rectora Jerí”.
“Es una muestra más del autoritarismo del régimen y su desprecio por la protesta. Los tanques no van a frenar las legitimas demadas populares”, aseveró la exministra de la Mujer, Anahí Durand.
El parlamentario Jaime Quito, del Partido Perú Libre, afirmó que el allanamiento ejecutalo que llamó “las amenazas de las autoridades universitarias afines a la dictadura de Dina Boluarte”.
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