Al menos 35 hechos de corrupción agravados durante la crisis sanitaria envuelven a los ministerios de Salud, Defensa y otras instancias del Estado, el más sonado la adquisición a un precio elevado de esos equipos que no cumplían los requisitos para el tratamiento de los enfermos con el nuevo coronavirus.
La Fiscalía General instruyó a su dependencia en La Paz a investigar la presunta violación, denunciada desde un principio por especialistas de la salud, de ahí la creación de una comisión de fiscales para atender el caso.
Un comunicado de esa institución reveló el 20 de mayo sobre la detención de varios funcionarios del Ministerio de Salud por sus implicaciones directas y la revisión de los archivos relacionados con la contratación y compra de los 170 respiradores, los primeros de un lote de 500.
Medios bolivianos revelaron el pago de 27 mil 683 dólares por cada equipo con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, un precio muy superior al habitual que oscila sobre los 10 mil, así como la cantidad de intermediarios en el proceso y las inadecuadas prestaciones para el propósito para el que fueron comprados.
La empresa española GPA Innova fue el proveedor de esos medios, sin embargo, el precio de la fábrica es de siete mil 99 dólares.
Ante las presiones dentro y fuera del país, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez relevó de su cargo al titular de Salud, Marcelo Navajas, nombrado hace pocas semanas tras la renuncia de Aníbal Cruz, este último sustituido por Eidy Roca como ministra interina, quien fungía como viceministra de Salud y Promoción.
Roca tuvo a su cargo la elaboración de los mapas de riesgo de la pandemia. Navajas fue enviado a prisión e imputado el 21 de mayo por malversación, uso indebido de influencias, servicios y bienes públicos, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Antonio Cossío, confirmó la implicación de otras cinco personas y convocará al exministro Cruz y al cónsul de Bolivia en España, Alberto Pareja Lozada, en calidad de testigos.
El diario La Razón publicó que tres días antes de la firma del contrato el director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, Giovanni Pacheco, recibió un informe técnico donde se advertía que los respiradores no cumplían con las especificaciones recomendadas por la OPS-OMS.
El dictamen rubricado por Ana Fernanda Espinoza, especialista de esa agencia, y ratificado por Alejandro Enríquez, jefe médico del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, fue enviado el 8 de mayo a Pacheco, quien hizo caso omiso y tres días después Navajas dio curso al mismo.
Por otra parte y salpicado por el escándalo, el Banco Interamericano de Desarrollo informó mediante un comunicado que, si bien examinó el proceso de adquisición de los equipos y la compra, es responsabilidad del gobierno boliviano.
«Dicha licitación se realizó en el marco del apoyo que se le está dando al país para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus», precisó el documento divulgado el 18 de mayo, mientras manifestaba su preocupación por el caso.
Admitió además que surgieron señales de posibles irregularidades en el proceso y su posterior remisión a su Oficina de Integridad Institucional, esta última encargada de investigar y recomendar sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas en licitaciones financiadas por el banco.
DETENCIONES, PARA DESVIAR LA ATENCIÓN SOBRE ÁÑEZ
Aunque el régimen golpista procedió a investigar el hecho de corrupción vinculado a los respiradores, no es más que una cortina de humo para, según expertos, desviar la atención sobre la mandataria de facto que conocía sobre esa compra.
En su cuenta de Twitter así lo confirmaba Áñez el 1 de abril cuando escribió: «Mohammed Mostajo-Radji, nuestro embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos cuenta sobre la compra de 500 nuevos respiradores que están llegando al país y todos los avances en la lucha contra el Coronavirus».
El cinismo ante su supuesta indignación y molestia por las violaciones fue denunciado por el líder cocalero Andrónico Rodríguez, quien declaró que «a costa del hambre y sufrimiento del pueblo, aprovecharse de la crisis sanitaria no solo es inconcebible, sino son acciones inhumanas».
Recordó que en seis meses el gobierno de facto ha demostrado la poca seriedad y mucha irresponsabilidad en la administración del Estado.
Mientras la cifra de contagiados por la Covid-19 aumentan en Bolivia cada día sin que el régimen golpista atine en su gestión para combatirla, sale a la luz la designación en importantes cargos de familiares y amigos de la canciller Karen Longaric.
Se trata de los abogados José Carlos Bernal e Ismael Franco como directores de Límites y Legalizaciones, respectivamente, y de Pareja Lozada como cónsul del país suramericano en Barcelona.
Según un comunicado de la Cancillería boliviana, Bernal y Franco son especialistas en arbitraje internacional, tema del cual Longaric imparte clases en posgrado y los invitó a trabajar como asesores en su despacho.
Pareja Lozada es hijo de Ruth Lozada, candidata a senadora del Juntos, agrupación política donde Áñez es candidata a la presidencia para las elecciones previstas el 3 de mayo pasado y pospuestas por la pandemia.
El diplomático es también sobrino del presidente de la Aduana Nacional, Alberto Lozada, y mano derecha del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, este último mencionado en la compra irregular de los respiradores.
Entre escándalos de corrupción y beneficios para familiares y amigos de las autoridades golpistas transcurre la crisis sanitaria en Bolivia, mientras el hambre regresa a las casas del pueblo, los muertos por la represión aún siguen sin justicia y continúa el manejo inadecuado de la pandemia.
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*Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina.
