«Hoy es el día de la Justicia. Recibimos el fallo final de la Corte Interamericana de DDHH, contra el que no procede apelación. El estado ha sido condenado por el exterminio de la Unión Patriótica», expresó Aída Avella, una de las militantes y líderes más reconocida de esta colectividad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó hoy al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil integrantes y militantes de la UP desde 1984 y por más de 20 años.
El tribunal aseguró que pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la UP se extendió en casi todo el territorio colombiano y a través de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, enfatizó.
Luego de presentar un conjunto de violaciones contra la UP, la CIDH ordenó diversas medidas de reparación como iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos.
Asimismo, determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, remover todos los obstáculos que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso, y efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas.
Entre otras órdenes, indicó publicar y difundir esta sentencia y su resumen oficial, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos.
Ordenó construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la UP; colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas; elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra ese partido y realizar una campaña nacional en medios públicos.
El Estado colombiano deberá rendir a la Corte un informe en el cual acuerde con autoridades de la UP cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán, para garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes.
Finalmente ordenó pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
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