Por Oscar Redondo
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Italia
Esa embarcación, operada por la agrupación Médicos sin Fronteras (MSF), salvó a fines de enero a 237 personas en el mar Mediterráneo y, luego de obtener autorización, las trasladó a la ciudad italiana de La Spezia, en la norteña región de Liguria.
Pero violó un decreto que prohíbe efectuar más de un salvamento por la realización de tres en el mismo mes, indicó la prefecto de La Spezia, Maria Luisa Inversini.
Esa legislación aprobada a fines de 2022 establece multas de 10 mil y 50 mil euros para los infractores, así como un embargo del barco durante dos meses, e incluso decomiso si es reincidente.
Juan Gil, jefe de la misión de MSF en el Geo Barents, manifestó que “tenemos que ver cómo se aplicarán esas reglas del decreto, pero en nuestra opinión no hemos hecho nada que no esté previsto” pues, según señaló “todos los capitanes deben hacer lo que hemos hecho, salvar vidas en el mar».
Decenas de manifestantes de diversas asociaciones, partidos políticos y sindicatos salieron a las calles para protestar por la posible aplicación de la medida.
Un vocero de los manifestantes, Luca Comiti, secretario de la Confederación General de Trabajadores Italianos (CGIL) en La Spezia, apuntó que “creemos que se debe cambiar el decreto», que establece más prohibiciones y sanciones en un intento por el ilegal flujo migratorio.
El 5 de enero último, la portavoz de la Unión Europea (UE), Anitta Hipper, también cuestionó esa legislación, aprobada el 28 de diciembre por el Consejo italiano de Ministros.
“Salvar a personas en peligro en el mar es una obligación moral y un deber jurídico”, enfatizó.
Esa iniciativa impone que los buques deben llegar sin demora al puerto asignado para culminar la operación de un único rescate y los puntos de desembarco pueden estar muy alejados de los lugares de salvamento, como ocurrió recientemente con los buques Ocean Viking y Geo Barents, enviados hacia los distantes puertos de Ancona y La Spezia.
Decenas de organizaciones humanitarias emitieron una declaración conjunta en la que subrayan que esas disposiciones “reducen las capacidades de salvamento marítimo y hacen que al Mediterráneo central aún más peligroso”.
Por tal razón, según el documento remitido por Médicos sin Fronteras, Emergency, SOS Humanity, Open Arms, Mission Lifeline y otras agrupaciones, “expresamos nuestra más profunda preocupación por el último intento de un Gobierno europeo de obstaculizar la asistencia a las personas en peligro en el mar”.
Las organizaciones humanitarias bautizaron esas regulaciones como estrategia de puertos lejanos, la cual sustituye a la de puertos cerrados, en virtud de la cual en noviembre se impidieron desembarcos en la sureña isla de Sicilia, en particular al buque Ocean Viking, que finalmente llevó los migrantes hacia el puerto francés de Tolón.
El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, principal promotor de esas medidas, apuntó al respecto que el propósito de su Gobierno es “enfrentar el flujo migratorio ilegal y defender nuestras fronteras” ya que, según dijo, “la situación actual no es sostenible”.
Esa ley “tiene como objetivo conciliar la necesidad de garantizar la seguridad de las personas recuperadas en el mar, de conformidad con el derecho internacional y nacional pertinente, con la de proteger el orden público y la seguridad”, según señaló Piantedosi.
El ministro destacó, entre sus argumentos, el incremento de los desembarcos en Italia durante 2022, que trajeron a más de 104 mil emigrantes, superior a unos 67 mil del año previo y tres veces los registrados en 2020, según datos oficiales.
En el segundo semestre se incrementaron los arribos y particularmente a fines de diciembre, poco antes de la inminente entrada en vigor del decreto ley gubernamental para tratar de frenar ese flujo. Precisamente el día de su aprobación fue el de mayor incidencia, al desembarcar 939 personas.
Se destacó el hecho de que durante el pasado año casi 13 mil menores viajaron sin compañía para superar en poco más de dos mil 600 los de igual período en el año anterior y en ocho mil los informados en 2020.
A comienzos de diciembre de 2022, en Bélgica, Piantedosi presentó durante el Consejo de Justicia y Asuntos del Interior de la comunidad regional, iniciativas para enfrentar la crisis migratoria.
“Nuestras propuestas fueron claras: mayor implicación de la Unión, acuerdos con las naciones de origen y tránsito de los migrantes, así como el refuerzo en el control de los canales regulares de entrada”, apuntó el ministro tras ese foro.
El tema migratorio fue uno de los principales entre los tratados por el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante sus recientes visitas a Turquía, Túnez y Egipto, así como en las realizadas por la primera ministra, Giorgia Meloni, a Argelia y Libia.
Tajani valoró con su homólogo turco, Melvut Cavusoglu, un pacto para normalizar el flujo migratorio, en particular a través de la ruta de los Balcanes.
Y en Túnez, trató con el presidente del país norafricano, Kais Saied, el control migratorio a través del Mediterráneo, un asunto que «no solo es un problema de seguridad».
En Egipto, priorizó el tratamiento de este asunto en encuentros con el ministro de Exteriores Sameh Shoukry y con otras autoridades.
El 23 de enero la jefa de Gobierno de Italia inició una visita a Argelia, donde desarrolló una amplia agenda que incluyó principalmente temas políticos y energéticos, pero también los migratorios.
Posteriormente, el 28 de enero, Meloni viajó a Libia, país que juega un papel muy importante “para la estabilidad del Mediterráneo y la seguridad de Italia”, según señaló. La mandataria sostuvo reuniones con el primer ministro de esa nación, Abdulhamid Dabaiba, y suscribió un acuerdo sobre el control y la gestión de los flujos migratorios que prevé «la cooperación con la autoridad libia en relación con la Guardia Costera».
“Hemos hablado y estamos discutiendo cómo fortalecer las herramientas para combatir los flujos ilegales. Es un tema que no solo atañe a Italia y Libia, debe atañer a toda la UE, la cooperación europea hacia el norte de África”, dijo Meloni.
“El Consejo (Europeo) abordará la defensa de la dimensión exterior, la cooperación en particular con las naciones africanas y la prioridad a la ruta del Mediterráneo central, como pide Italia”, aseguró.
Las autoridades italianas se comprometieron a entregar cinco lanchas patrulleras a la Guardia Costera de Libia, financiada y entrenada desde hace varios años por Roma y la UE, para tratar de detener la salida de migrantes desde esa zona costera africana.
No debe olvidarse que entre los planes del actual gobierno italiano para tratar de detener el flujo migratorio irregular desde África se encuentra el cuestionado bloqueo naval.
En su intervención del 25 de octubre en la Cámara de Diputados, para lograr la confianza parlamentaria, la primera ministra reconoció que «es nuestra intención recuperar la propuesta original de la misión naval Sophia de la Unión Europea, que en la tercera fase, prevista y nunca ejecutada, preveía el bloqueo de las salidas de barcos del norte de África”.
De acuerdo con diversos medios, la primera ministra italiana tiene previsto viajar a Suecia, donde entre otros asuntos abordará la temática migratoria con el primer ministro Ulf Kristersson, debido a que ese país preside desde enero de este año a la UE.
Según algunos observadores, al gobierno italiano le preocupa que en la próxima reunión cumbre del Consejo Europeo, prevista para los días 9 y 10 de febrero, se centre la atención en los graves problemas económicos y de seguridad a nivel regional, excluyéndose el debate sobre la gestión en las fronteras exteriores de la comunidad para frenar la migración, como demanda Roma.
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