Así lo consideran hoy medios políticos y de prensa al señalar que en el país la capacidad de cupos carcelarios es de apenas 30 mil cuando hay un total aproximado de 97 mil 025 privados de libertad, de ellos casi 62 mil acusados de pandilleros o presuntos colaboradores.
El nuevo centro penal se levanta en el cantón El Perical, municipio Tecoluca, en el departamento de San Vicente, y presuntamente aliviará una saturación de presos del 287 por ciento, más de seis veces la capacidad instalada.
Sin dudas, luego de los arrestos masivos de presuntos pandilleros y colaboradores, entre el 27 de marzo de 2022 y lo que va de año, el sistema penitenciario salvadoreño está colapsado por la crisis de ocupación, algo que abordan informes de Naciones Unidas.
Datos citados por el Diario La Prensa Gráfica revelan la magnitud del problema al señalar que la mayoría de los arrestados en el último año fueron enviados al centro penal La Esperanza (conocido como Mariona), donde la población penitenciaria aumentó de siete mil 600 a 33 mil y al penal de Izalco, donde el incremento de reclusos pasó de ocho mil 500 a 23 mil 300.
Esta situación se mantiene como caldo de cultivo para denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos, según las cuales, las autoridades locales someten a los detenidos, incluyendo niños, a “un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados”.
El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la situación es preocupante y que podría ser detonante de un estallido social, pues muchas son las personas y familiares de reos que proclaman su inocencia.
Unido a eso, el diario La Prensa Gráfica asegura que el hacinamiento empeora las ya precarias condiciones sanitarias que convierten a las cárceles en un foco de enfermedades, particularmente de tuberculosis, revirtiendo los limitados avances que este mismo gobierno logró incluso durante la emergencia de la Covid-19.
En un informe divulgado en noviembre, el Comité de la ONU manifestó su preocupación por el hacinamiento agravado por el considerable aumento de la población reclusa, que se multiplicó por seis en los meses finales de 2022.
En este escenario cabe destacar que el número de arresto descendió en los últimos meses, pero aun así la cifra de privados de libertad ya superaba con creces la capacidad instalada y el Gobierno arrancó con la construcción de la nueva cárcel.
Para las organizaciones nacionales e internacionales y para especialistas en temas penales, la creación de una nueva cárcel no garantizará que el hacinamiento disminuya, sobre todo si siguen las capturas.
Sin embargo, todo parece indicar que en espera de mejores condiciones hay una política más selectiva en cuanto a los arrestos de personas.
En lo que va de año, las detenciones de pandilleros están dirigidas en especial hacia aquellos sujetos que se conoce cometieron crímenes, se dedican al narcotráfico, la extorsión o poseen antecedentes de portar armas de fuego.
Los ejemplos están ahí. La víspera fue capturado un pandillero de la Mara Salvatrucha, en Sonsonate, en el oeste del país, con marihuana, cocaína y una pistola con 40 cartuchos.
Esa son las informaciones más frecuentes de los últimos días, mientras fuentes gubernamentales afirman que el nuevo centro penal ya tiene partes terminadas para bajar en algo el hacinamiento de los detenidos.
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