Por disposición del presidente de ese tribunal, Leopoldo Bruglia, la audiencia tendrá lugar de manera presencial a las 12:00, hora local.
Los abogados de la también titular del Senado, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, solicitaron que la sesión fuera pública para poder habilitar su transmisión en vivo, pero Bruglia descartó esa posibilidad.
El 9 de enero, Fernández anunció la presentación de una recusación contra Capuchetti por su dependencia del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Poco antes, el titular argentino de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, denunció los vínculos entre la jueza y el partido opositor Propuesta Republicana (PRO).
Además, reveló que está contratada por el jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez, desde 2019 en un órgano encargado de asesorar al Ministerio porteño antes mencionado.
Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py (Tribunales Federales) y el PRO parecen no tener límite, señaló Soria.
Desde hace cuatro años, Capuchetti, quien es la encargada de investigar el ataque a Fernández, la mesa judicial y la criminal deuda del expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, cobra un sueldo mensual de “investigadora”, añadió.
Asimismo, indicó que ello ocurre pese a que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia.
¿De qué se trata el Instituto Superior de Seguridad Pública que emplea a Capuchetti y tiene como autoridad al fiscal Juan Bautista Mahiques? No se le conoce una sola investigación ni publicación científica, apuntó el ministro en la red social Twitter.
Asimismo, hizo referencia a la participación de Mahiques en dádivas y otros delitos conocidos tras divulgarse un viaje realizado por él y otros funcionarios a Lago Escondido.
El 1 de septiembre de 2022, un hombre llamado Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la vicepresidenta en las proximidades de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
El individuo no logró disparar el arma y permanece detenido junto a otros dos sospechosos.
Fernández denunció en varias oportunidades la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización y financiamiento del ataque y acusó a Capuchetti de entorpecer las indagaciones cuando aparecieron las primeras pruebas que apuntaban a miembros del PRO.
La jueza rechazó la recusación en su contra y esa decisión será revisada esta jornada.
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