La pregunta que hará al pueblo es la siguiente: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), antes durante y después de sus respectivas gestiones?
López Obrador explicó que, aunque grupos de ciudadanos recolectaron más del millón 600 mil firmas exigidas por el Tribunal Judicial, suficientes para presentar la solicitud, él como presidente de la República utiliza su derecho para entregar hoy mismo un pedido directo a la Cámara de Senadores.
La solicitud, la cual leyó en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, argumenta en 16 puntos sustanciales el basamento legal y jurídico de lo que denominó exposición de motivos para convocar a la consulta popular el 6 de junio de 2021 junto con las elecciones regionales intermedias.
Dichos motivos comienzan con la definición del período neoliberal que cubrieron los cinco exmandatarios a partir de 1988 hasta el 30 noviembre de 2018, en el cual se concretó una concentración desmesurada de la riqueza en pocas manos privadas a costa del erario, privatizaciones de bienes públicos, corrupción, fraude electoral, violencia, impunidad y otros males aún persistentes.
Después de relatar un interminable rosario de ilícitos y afectaciones al pueblo por la aplicación del modelo neoliberal que privilegió a grandes poderes económicos y aumentó la pobreza y diferenciación social en México, el mandatario detalló las principales acusaciones contra cada uno de los cinco expresidentes.
Con Salinas de Gortari, dijo, aumentó la desigualdad social y la entrega de bienes públicos a los privados. Zedillo continuó esa política y la llevó a sus últimas consecuencias, privatizó los ferrocarriles y adjudicó deudas privadas al estado que terminarán de pagarse en 2027.
Fox intervino ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para impedir el triunfo de la oposición reconocida y aprobó un fallo del tribunal, el cual legalizó el fraude de Calderón.
Este último cometió numerosos actos de corrupción y embarcó al país en una supuesta guerra al narcotráfico causante de la violencia actual, y en favor de una de las bandas criminales.
Finalmente, Peña Nieto, acotó, está implicado con los sobornos del conglomerado brasileño Odebrecht, compras ilícitas, malversaciones e impunidad denunciadas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.
No obstante, las pruebas y evidencias, López Obrador reiteró que lo importante no es penalizarlos, sino sentar el precedente para que esa corrupción no vuelva a suceder.
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