En el comité de 24 expertos designados por el Congreso Nacional no hay un solo miembro de las comunidades originarias y por el momento existen nada más tres precandidatos a integrar el Consejo Constitucional que tendrá 50 escaños.
Ellos son Alihuen Antileo y Julio Marileo, de la comunidad Mapuche, y Rudecindo Espíndola, de la Atacameña, pero el Servicio Electoral aún debe pronunciarse sobre si tienen o no los respaldos suficientes para entrar a la lid.
Antileo, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas, criticó que todo el proceso haya quedado en manos de los partidos políticos con representación legislativa y se esté excluyendo a organizaciones populares e indígenas.
Recordó el dirigente mapuche que el proceso hacia una nueva constitución para sustituir la impuesta por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), fue un mandato de la ciudadanía tras el estallido social de octubre de 2019.
El profesor en Educación Intercultural, Julio Marileo, exigió elevar a la carta magna los derechos ya ganados en los tratados globales, ratificados por el Estado chileno en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Hay que avanzar en el tema de las tierras, los territorios, la participación política, el derecho a la libre determinación y el reconocimiento constitucional”, dijo.
Por su parte, el agricultor y activista medioambiental, Rudecindo Espíndola, demandó incorporar a la ley fundamental el problema de las industrias extractivistas, como las del litio y la minería, altas consumidoras de agua en zonas áridas del norte de Chile.
El representante del pueblo atacameño, o lickanantay como se denomina en idioma Kunza, denunció que el sistema educativo nacional da la espalda a la historia, la cultura y el patrimonio de los pueblos indígenas.
No obstante, dijo estar dispuesto a escuchar cuál es la propuesta del Estado respecto a estas comunidades.
De igual manera, Isabel Godoy, del pueblo Colla, denunció que en el actual proceso “se impuso una vez más el colonialismo y el paternalismo existente en Chile, la discriminación, el racismo y el menosprecio hacia las capacidades que podemos tener los dirigentes indígenas”.
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