La instalación clandestina funcionó en los años 1975 y 1976 en la capital departamental de Canelones, que colinda con esta capital.
Allí se practicaron violaciones a los derechos humanos como parte de la operación Morgan, de represión contra el ilegalizado Partido Comunista de Uruguay.
Está marcada la sentencia para el 6 de marzo próximo en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en audiencias orales y públicas en el marco del nuevo código del proceso penal uruguayo.
En la primera audiencia celebrada el 8 de diciembre de 2022, concurrió el único imputado de la causa que permanece con vida, el expolicía Alejandro Ferreira.
El acusado enfrenta un pedido de condena de nueve años y cuatro meses de cárcel por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones.
Además de Ferreira, fueron imputados los policías retirados Hugo Guillén, quien se suicidó purgando prisión domiciliaria en octubre de 2020, y Winston Vitale, fallecido durante el proceso también en prisión domiciliaria.
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