Las tierras corresponden a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de velar por la correcta administración y disposición de los bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio, buena parte provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con la presidencia, en esos predios se realizará un proyecto de siembra de cítricos y marañón, además de una intervención ambiental para recuperar este sector afectado por actividades de minería.
A través de su estrategia Tierras para la Paz Total, la SAE, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Ciencia, entregó los derechos de uso de cinco terrenos para beneficiar a mujeres cabeza de hogar, afectadas por la ola invernal, comunidades indígenas, mujeres artesanas y familias campesinas.
En la comunidad de Sampués, entregó dos de 77 hectáreas, a 25 familias campesinas; otras 12 hectáreas, a 50 mujeres vulnerables y 170, a 40 familias campesinas.
Los proyectos productivos que se apoyarán en estos predios buscan aportar a la economía popular y la soberanía agroalimentaria, reseñó la presidencia.
El gobierno de Colombia impulsa la reforma agraria como parte del cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz, y de los cambios para favorecer a la población más desposeída y poner fina a la violencia en el país.
Las tierras que se entregan a las familias del campo provienen de la SAE y de la compra a Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), luego de aun acuerdo alcanzado en octubre pasado con esa agrupación colombiana
La Reforma Rural Integral, orientada a revertir los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad de la paz, busca aumentar el bienestar de los habitantes del campo, impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico.
Promoverá oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza.
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