De acuerdo con el informe el Consejo de la UE, que apenas comienza a tener repercusiones entre autoridades del istmo, el país canalero forma parte de esa lista discriminatoria desde octubre del pasado año.
Para la dirección del bloque, Panamá no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal y tiene un régimen de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero, considerado perjudicial.
La lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales se estableció en diciembre de 2017 y desde 2022 se actualiza cada seis meses.
Las demarcaciones se evalúan sobre la base de criterios como transparencia fiscal, tributación justa y la implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Figurar en esos listados, según expertos, no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones, y medidas administrativas como auditorías más frecuentes.
De otra parte, el pasado 3 de febrero, el viceministro panameño de Finanzas Jorge Almengor dijo a la prensa que para el segundo semestre de este año, el país espera concretar las acciones que le permitan salir de las listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Almengor precisó que en el calendario de evaluación, a realizarse en septiembre próximo, se espera que los avances se reconozcan y permitan la exclusión del istmo de ese listado.
Para esa fecha, dijo, se deberán superar los últimos dos puntos de los 15 objetivos trazados en la hoja de ruta presentada ante el organismo internacional por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2019.
Almengor indicó que en el último «cara a cara» sostenido con los representantes de GAFI en enero último, se acordó cumplir con 12 de las 15 acciones y desde entonces se comunica cada avance.
Los principales pendientes, agregó, están relacionados con el registro de beneficiario final, que supervisa la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y de otro lado, la capacidad del Ministerio Público de investigar delitos de evasión fiscal proveniente del extranjero y lograr sentencias.
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