Ante la consulta pública, las organizaciones obreras deploran y advierten que, al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de Reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional.
En una síntesis de su escrito, el Movimiento Sindical Unidos expresa su oposición por la falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.
Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incertidumbre administrativa y jurídica, estima.
Consideran un Caballo de Troya la Ley y el Reglamento, pues con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en ambos proyectos, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.
Denuncia que el núcleo duro de la ley y su reglamento quedan bajo la gobernanza totalitaria de Mideplan y de esa forma todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial están sometidas a esa ‘tutela’ política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplina salarial.
Señala que el salario único global, el más misterioso y sombrío del proyecto, genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales de los funcionarios.
El Movimiento Sindical Unido sostiene que por esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en Costa Rica la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.
Por ello, alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de los trabajadores públicos de Costa Rica.
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