Un escueto anuncio del Ministerio Público dio cuenta de la indagación preliminar por el presunto delito de colusión agravada a Otárola, considerado segundo funcionario más importante del Gobierno, Adrianzén y Carola Rodríguez, hermana de una ex pareja de Otárola y contratada como asesora del ministro de Trabajo.
Casi de inmediato, Otárola respondió por Twitter que “aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación” y aseguró que “hace varios años que no tengo contacto con la doctora Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada”.
Otárola consignó además que brindará plena colaboración a los investigadores y Adrianzén señaló que el domingo último explicó la contratación de su asesora pero si la fiscal considera relevante aclararlo más, así lo hará.
“Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del premier ministro para designarla”, agregó, al afirmar que en la actual gestión de gobierno “no hay delincuentes”.
Otárola tiene pendiente además una investigación por genocidio, homicidio agravado y otros posibles cargos, abierta también por la fiscal de la Nación, por muertes registradas durante las protestas sociales que desde hace más de dos meses persisten en Perú.
Ese caso involucra a Otárola en muertes ocurridas cuando él era ministro de Defensa y también a la presidenta Dina Boluarte, el antecesor de Otárola, Pedro Angulo; el exministro del Interior, César Cervantes y otros presuntos responsables de las muertes.
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