Precisamente es el Ejecutivo el que convoca a esas sesiones extraordinarias y presenta las iniciativas legales a discutir por los legisladores.
En el primer listado de 43 propuestas legales entregadas a la Asamblea Legislativa el viernes pasado sobresalen aquellas destinadas a la recuperación económica y la generación de empleo para contrarrestar el duro impacto de la pandemia de la Covid-19 en este país.
De acuerdo con el Ejecutivo, la mayoría de esos proyectos de ley surgieron de los 58 acuerdos alcanzados en el diálogo multisectorial entre representantes de unas 60 organizaciones y el Gobierno para hallar soluciones a la crisis enfrentada por Costa Rica, realizado del 23 de octubre al 21 de noviembre pasados.
Además de las referidas a la reactivación económica y la generación de empleo, aparecen otras propuestas relacionadas con la atención a poblaciones vulnerables, el sector pesquero de Puntarenas, la definición de femicidio y el fortalecimiento de la figura penal para evitar la impunidad en estos delitos.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, apuntó que esta primera convocatoria es un reflejo de los acuerdos alcanzados en un diálogo y debate profundo con los diversos sectores de la sociedad costarricense que aportaron sus ideas y acciones.
Priorizamos las medidas urgentes que debemos ejecutar para enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la Covid-19, señaló el mandatario.
De su lado, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, precisó que irán ampliando la convocatoria de iniciativas en aquellos acuerdos de la Mesa de diálogo multisectorial que requieran proyectos de ley aún en elaboración.
«Como Gobierno vamos a intensificar el diálogo con los diputados y diputadas para que de manera conjunta podamos avanzar en los proyectos necesarios, así como para atender ideas e iniciativas de las fracciones legislativas que ayuden a dotar al país de las herramientas necesarias para su recuperación económica», indicó Prieto.
En cuanto al polémico proyecto de ley de Empleo Público, el Gobierno refirió que dará plazo de una semana antes de convocarlo para negociar las mociones entre fracciones, y para dialogar y recibir observaciones de los sindicatos del sector público.
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