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Prohíben ejercer a magistrados separados de sistema judicial de Haití

Puerto Príncipe, 23 feb (Prensa Latina) El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití (CSPJ) ordenó hoy a los jefes de jurisdicciones prohibir a los magistrados no titulados ocupar sus plazas o ejercer funciones en el seno de la magistratura.

La medida afecta a una treintena de jueces y comisarios de Gobierno en Puerto Príncipe, Croix des Bouquets, Les Cayes, Cabo Haitiano, Gonaïves, Fort-Liberté y Jacmel que fueron apartados del sistema judicial por falta de integridad moral o insuficiencia académica.

De acuerdo con el memorando de la Secretaría Técnica del CSPJ, los jefes de jurisdicciones deberán tomar las medidas necesarias e incluso solicitar el apoyo policial en caso de reticencia, con el fin de recuperar los materiales y otros equipos que aún estén en posesión de los magistrados no certificados.

El organismo dio un plazo de ocho días para presentar un informe sobre el seguimiento de la disposición.

A mediados de enero, el CSPJ decidió no certificar a los magistrados y comisionados de Gobierno tras el análisis de un informe emitido por la Comisión Técnica de Certificación que examinó 69 expedientes.

Entre las causas se encuentra la falta de integridad moral, abuso de autoridad, embriaguez, facilitación del engrandecimiento de delincuentes notorios o titulación académica insuficiente, según puede leerse en el acta.

La medida afectó a jueces como Jean Osner Petit-Papa, quien exculpó al exsenador Onondieu Louis acusado de malversación, así como Ramoncite Accimé, a cargo del caso de PetroCaribe, y Garry Orélien, quien investigó el asesinato del presidente Jovenel Moïse y fue destituido en medio de denuncias de corrupción.

También figura el juez Ikenson Edumé y el comisario de Gobierno de Puerto Príncipe, Jacques Lafontant, quien en noviembre fue depuesto por el entonces ministro de Justicia, Berto Dorcé, por faltas administrativas graves y presunta corrupción.

Aunque aún el Ministerio de Justicia no se pronunció públicamente sobre el caso, medios de prensa aseguran que aprobó la disposición del CSPJ y transmitió el archivo a la oficina del primer ministro, Ariel Henry.

Por su parte, la Unidad de Lucha contra la Corrupción anunció una pesquisa sobre el archivo y aseguró que investigará el patrimonio de los abogados sobre quienes pesan sospechas de enriquecimiento ilícito.

jha/ane

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