Las bandas han creado un clima de terror, caracterizado por saqueos, asesinatos, secuestros, destrozos, extorsiones, secuestros de camiones de mercancías y actos de violación de niñas y mujeres en las comunas de Liancourt, Verrettes, Petite Rivière de l’Artibonite y L’Estère, lamentó el organismo.
Asimismo, señaló el robo sistemático de las cosechas y el ganado, lo cual destruye el sustento y forma de vida de los campesinos de la zona.
La situación provocó que miles de miembros de la población huyeran de sus hogares para refugiarse en otras comunas del departamento, mientras que el miedo a las represalias, estigmatización y falta de servicios médicos agravan la crisis.
Binuh explicó que la reciente ola de violencia inició el 25 de enero cuando la banda atacó la subcomisaría de Liancourt, al noroeste de esta capital, matando a siete policías.
Una semana después ocho personas fueron asesinadas a balazos, otras 10 resultaron heridas y 18 secuestradas, al tiempo que los integrantes de Baz Gran Grif saquearon unas 50 viviendas.
Como consecuencia del clima de terror, el hospital Albert Schweitzer, de la ciudad de Deschapelles y que atiende a unas 700 mil personas, suspendió todas sus actividades desde mediados de febrero, pues los médicos no quieren exponerse a la inseguridad, confirmaron funcionarios locales. Además, varias escuelas cerraron y las actividades económicas, comerciales, así como la transportación pública se ralentizaron considerablemente.
En medio del aumento de la violencia, los policías destinados a comisarías como Liancourt, Petit-Rivière de l’Artibonite, Désarmes, Verrettes y l’Estère abandonaron los edificios tras las amenazas de grupos armados.
“La ONU en Haití condena firmemente estos actos de violencia de bandas contra la población y expresa su profunda preocupación por los miles de desplazados”, escribió el organismo en un comunicado y advirtió sobre la rapidez con que la banda extendió sus operaciones en nuevas zonas ante el retiro de los agentes del orden.
El organismo pidió a las autoridades proteger a la población y los bienes de la región y dotar a la policía de los medios necesarios para capturar y enjuiciar a los criminales, de conformidad con la ley.
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