Rubricada por la presidenta de facto Jeanine Áñez y su Gobierno, esa normativa con el número 4078 exoneraba de toda responsabilidad penal a policías y militares por cualquier exceso en la represión contra quienes reclamaban con sus protestas el restablecimiento del orden constitucional.
“No vamos a dejar de lado las investigaciones por el decreto de la muerte, por las (…) muertes y por los más de mil detenidos sin un debido proceso. Es algo que ha ocurrido en nuestro país y se tiene que investigar”, afirmó Alcón en conferencia de prensa.
De esa forma rechazó una eventual amnistía exigida por el Comité Pro Santa Cruz y políticos opositores para elementos encarcelados como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, principal imputado en el expediente penal Golpe de Estado I.
En este proceso se investiga la conspiración que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, encumbró inconstitucionalmente a Áñez y dio lugar a masacres como las de Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertos, centenares de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados.
Apenas cinco días después de la dimisión de Morales, Áñez rubricó junto a 11 ministros de su gabinete anticonstitucional el Decreto Supremo 4078.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigó esta crisis y dictaminó que en Sacaba y Senkata los represores cometieron masacres.
Los fiscales Walter Lora, Iván Cernadas y Favio Maldonado informaron el 17 de enero último al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto que el Ministerio Publicó determinó ampliar el proceso penal en contra de la expresidenta de facto por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019.
Sobre esa base, el Comité Impulsor de la Justicia anunció que denunciará a los ministros que, junto a Áñez “dieron carta blanca” a los represores.
Integran esa lista Fernando López (Defensa), Karen Longaric (Relaciones Exteriores); Jerjes Justiniano (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno); José Luis Parada (Economía), Álvaro Guzmán (Energía); Yerko Núñez (Obras Públicas); Álvaro Coímbra (Justicia), María Elva Pinckert (Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (Comunicación).
Alcón insistió en que el GIEI estableció que se deben investigar estos hechos y “evitar mecanismos como la amnistía en temas de derechos humanos”, lo cual fue reiterado por la actual titular de la Presidencia, María Nela Prada.
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