El 6 de diciembre de 2022, esa instancia impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Dicha sentencia fue emitida por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la vicemandataria negó y desmintió durante tres años de audiencias.
La exjefa de Estado señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo.
Una vez publicados los fundamentos del veredicto, la defensa y la fiscalía tendrán 10 días hábiles para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.
La condena no quedará firme mientras esté en revisión y el proceso pudiera llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.
La víspera, integrantes de La Cámpora y otras agrupaciones realizaron una vigilia frente al capitalino Palacio de Tribunales para expresar su respaldo Fernández y denunciar la persecución judicial en su contra.
Con los lemas De norte a sur, feminismo con Cristina y La proscripción se rompe en la calle, los ciudadanos se reunieron en la Plaza Lavalle y condenaron los intentos de impedir la participación de la expresidenta en las elecciones de octubre.
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