Pierre Espérance, coordinador de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, dijo a Gazette Haïti que los líderes de bandas pactaron un alto El fuego luego de registrarse un aumento en la cifra de muertos.
Espérance reveló que al menos 70 personas murieron durante las hostilidades, de las cuales 20 fueron quemadas vivas y 50 desaparecieron y, al mismo tiempo, lamentó que ninguna institución estatal mostró disposición a encargarse de las víctimas.
Aunque señaló la intervención de agentes policiales para socorrer a sus colegas en Solino, asediados por la banda de Sanon Kempes, el defensor de los derechos humanos denunció que el Gobierno no hizo nada para evitar que escalaran las tensiones.
Para Espérance, el comportamiento de las autoridades constituye otra muestra de la intención de concretar el despliegue de fuerzas extranjeras en el país caribeño bajo el pretexto de controlar a los grupos armados.
Actualmente, más de la mitad de la capital está controlada por pandillas que extorsionan, secuestran y asesinan a ciudadanos comunes, funcionarios estatales, comerciantes y otros.
Varias escuelas de la zona metropolitana de la capital anunciaron la suspensión de las clases presenciales como consecuencia de la violencia en las áreas donde se sitúan los centros docentes.
También la víspera la organización Médicos sin Fronteras anunció el cierre temporal de su hospital en Cité Soleil, al norte de Puerto Príncipe, para proteger la seguridad del personal y los pacientes.
“Estamos viviendo escenas de guerra a pocos metros de nuestras instalaciones. Nuestro hospital no ha sido un objetivo directo, pero hemos sido una víctima colateral de los combates, ya que el hospital se encuentra en primera línea”, dijo Vicent Harris, médico de la organización.
En tanto la cifra de secuestros se incrementó considerablemente con más de 150 registrados por organizaciones de derechos humanos en lo que va de año.
Incluso el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública emitió dos comunicados esta semana y recordó a la población que pueden defenderse si alguien irrumpe de forma violenta en sus viviendas, al tiempo que amenazó con arrestar y limitar derechos a quienes extorsionan.
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