El titular los responsabilizó por un ataque ayer a la Unidad de Reacción Inmediata en Popayán, en el contexto de una manifestación contra la violencia policial.
Los tildó de terroristas y acusó de responder a planes de grupos armados, en particular de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Incluso, el ministro ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 324 dólares) a quienes den información para esclarecer este hecho.
Indepaz rechazó esas acusaciones y alertó sobre el peligro que corren esos jóvenes ante las acusaciones del ministro.
‘En la práctica, el señalamiento de estos jóvenes como objetivos de alto valor equivale a autorizar su captura y su ejecución como se acostumbra con objetivos de guerra de las llamadas disidencias de las FARC’, alertó el colectivo defensor de los derechos humanos
Recalcó que tres de los señalados por el Molano son conocidos defensores de derechos humanos. Al acusar a los mencionados líderes sociales como terroristas y cabecillas de un grupo armado organizado que presuntamente robó 52 fusiles y armas de dotación oficial, se está poniendo en peligro su vida, advirtió Indepaz.
Con este procedimiento, el anuncio de militarización de la ciudad de Popayán y las órdenes de acción implacable por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se pretende sembrar el miedo y el terror en la población, enfatizó.
Además, se busca justificar el tratamiento de guerra a la situación de orden público y a las manifestaciones de protesta en esa ciudad, añadió.
Remarcó que ninguna acción de protesta e incluso ninguna acción violenta de civiles desarmados, justifica que agentes del Estado actúen con armas de fuego o con equipos supuestamente no letales que se usan para dañar e incluso matar, como sucedió con el joven Sebastián Quintero Múnera, asesinado anoche por el Esmad.
Indepaz llamó la atención a las Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional sobre la grave situación en Popayán cuando se declara a civiles y defensores de derechos humano como objetivo de guerra.
Al mismo tiempo, denunció que se elude la responsabilidad de la Fuerza Pública por la violencia desproporcionada y homicida contra quienes ejercen el derecho a la protesta.
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