El 6 de diciembre de 2022 esa instancia impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Dicha sentencia fue emitida por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, hechos que la vicemandataria negó y desmintió durante tres años de audiencias.
Esta jornada el Tribunal divulgó los fundamentos, tras lo cual la defensa y la fiscalía tienen 10 días hábiles para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.
La condena no quedará firme mientras esté en revisión y el proceso pudiera llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.
En declaraciones a la emisora radial AM750, Soria aseveró que se trata de un veredicto netamente político y busca proscribir a Fernández.
Además, consideró que la resolución publicada es insostenible.
“Esta Justicia no es independiente ni imparcial. Ya no son los militares, sino los jueces quienes buscan prohibir la participación política. Es vergonzoso”, aseveró.
Asimismo, reiteró que el fallo no contiene hechos ni pruebas concretas que le den validez.
La condena nació muerta. Después de leer las mil 600 hojas de fundamentos, creo que lo que realmente quieren fundamentar es la sentencia de la campaña presidencial de 2023, dijo.
También recordó que también un 9 de marzo, pero de 1956, fue publicado el Decreto Ley 4161, mediante el cual el general Pedro Eugenio Aramburu (1903-1970) proscribió el peronismo.
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