El 6 de diciembre de 2022 esa instancia impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex jefa de Estado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Dicha sentencia fue emitida por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, hechos que la vicemandataria negó y desmintió durante tres años de audiencias.
Esta jornada el Tribunal divulgó los fundamentos, lo cual fue considerado por el PJ como un paso en el camino formal para impedir la actividad política de Fernández.
En un texto titulado Con persecución no hay democracia plena, la organización aseguró que el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución.
Expresamos nuestra su solidaridad con la vicepresidenta, ratificamos su inocencia y advertimos sobre el serio riesgo que implica este nuevo avance de los poderes antipopulares, añade.
A 40 años de la recuperación de la democracia, exigimos el respeto a los derechos políticos de todos los argentinos. Recordamos que los pueblos seguirán luchando en defensa de sus líderes, concluye.
Las acciones contra Fernández fueron denunciadas también por agrupaciones como La Cámpora y Madres de Plaza de Mayo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, aseveró que “buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral”, al referirse a los comicios de octubre de este año.
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