La legislación establece penas de 20 a 30 años para traficantes responsables de las muertes de varios migrantes, así como de 15 a 24 si como resultado de sus acciones un ser humano pierde la vida, y de 10 a 20 si las personas sufren lesiones graves, indica una nota publicada en el sitio digital de la Presidencia del Consejo de ministros.
La reunión gubernamental en que se debatió el texto tuvo lugar en la tarde del jueves último en el municipio de Cutro, de la sureña región de Calabria, donde el pasado 26 de febrero el naufragio de una embarcación, con unos 180 migrantes, causó la muerte a más de 70 personas, mientras unas 30 continúan desaparecidas, destaca la fuente.
La jefa de Gobierno, Giorgia Meloni, reafirmó en declaraciones a la prensa tras concluir ese foro que “si alguien piensa que los hechos del 26 de febrero nos han llevado a cambiar nuestra línea sobre la inmigración, está muy equivocado”.
Argumentó que las nuevas disposiciones aprobadas en esa última reunión del Consejo de ministros buscan “reafirmar que estamos decididos a derrotar a la trata de personas responsable de esta tragedia”, en relación a lo sucedido ese día en las costas de Cutro.
“Un elemento que considero muy importante es que Italia perseguirá el delito incluso si se comete fuera de las fronteras nacionales: para nosotros, cualquiera que sea responsable de lesiones graves o muerte mientras organiza el tráfico de seres humanos puede ser perseguido por un delito que se considera un crimen universal”, afirmó la primera ministra.
Esto significa, añadió Meloni, “no solo golpear a los traficantes que encontramos en los barcos, sino también golpear a los traficantes que están detrás de nosotros, y para mí este es un elemento muy importante porque cambia completamente el enfoque del gobierno italiano en comparación con lo que hemos visto en los últimos años”.
Las nuevas regulaciones persiguen, según sus promotores, contar con “herramientas para combatir los flujos migratorios ilegales y la acción de redes criminales que operan la trata de seres humanos”, e incluyen la eliminación de la validación por un juez de la ejecución de decretos de expulsión ordenados después de una condena.
También comprenden medidas para favorecer los flujos migratorios regulares, con disposiciones para la entrada legal de empleados extranjeros, que establecen cuotas para trabajos subordinados por tres años y la simplificación de procedimientos de acceso, a través de canales legales, de migrantes calificados.
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