Los letrados estiman que las declaraciones de la titular son irresponsables y podrían interpretarse como una forma de “terrorismo difuso bajo la máscara del crimen organizado”.
El Ministerio de Justicia emitió recientemente un comunicado en el cual recordó que los ciudadanos tienen derecho a la legítima defensa si alguien irrumpe con violencia en su propiedad.
La nota de las autoridades salió a la luz tras denuncias de que hombres armados ingresaron a propiedades, comercios, viviendas y otros para perpetrar secuestros o extorsionar a sus dueños.
No obstante, los abogados señalaron que el artículo 273 de código penal, que reconoce la legítima defensa, no debe entenderse como una respuesta programada para compensar la inacción de las autoridades.
También remarcaron que las leyes nacionales establecen que el orden público y la protección de la vida y la propiedad son responsabilidades de la Policía, cuya operación está a cargo del Ministerio de Justicia.
La crisis de inseguridad del país caribeño se agravó con la ampliación de los territorios controlados por las pandillas, particularmente en la capital, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de los casos de secuestros y asesinatos.
La Policía admitió en varias ocasiones que no cuentan con los recursos para enfrentar las bandas y al menos una veintena de agentes fueron asesinados este año por los grupos criminales.
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