Un reporte elaborado de la Comisión Sanitaria de la Conferencia de las Regiones italianas, divulgado este lunes por el sitio digital Infosannio, indica que existe el riesgo real de que colapse ese sistema y se reduzcan importantes servicios públicos.
El análisis, presentado recientemente ante los ministros de Salud y de Economía de Italia, Orazio Schillaci y Giancarlo Giorgetti, respectivamente, demanda crear una mesa de trabajo, a más tardar en abril de 2023, para evaluar acciones financieras y legislativas que posibiliten mantener los servicios sanitarios públicos.
Raffaele Donini, asesor de Salud de la norteña región de Emilia Romaña y coordinador nacional de la mencionada comisión, resaltó la falta de financiación de una parte importante de los gastos incurridos para la implementación de medidas de combate a la pandemia de Covid-19 y para la implementación de la campaña de vacunación masiva contra esa enfermedad.
A ello se sumó el aumento considerable de los costos energéticos en que incurren actualmente las estructuras de salud y bienestar social, equivalentes a más de mil 400 millones adicionales en 2022 en comparación con el año anterior.
Las administraciones regionales se ven obligadas a compensar con sus propios recursos esas inversiones, para garantizar el equilibrio presupuestario, afirmó el asesor.
“No poder disponer de los recursos suficientes para prestar toda la asistencia necesaria conlleva, para nuestra salud, el riesgo concreto de no asistir a los sectores más débiles de la población, con la afectación de un derecho esencial protegido constitucionalmente”, apunta el análisis.
En recientes declaraciones, Donini manifestó que este empeoramiento de la asistencia sanitaria pública ocurre “mientras hay un aumento significativo en el presupuesto para gastos militares” y enfatizó que «la salud de los ciudadanos debe ser un compromiso político prioritario para un país como Italia, antes que las armas».
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