La marcha de los policías, cuyo sindicato pertenece a la ANEP, recorrerá la capitalina Avenida 10 hasta concentrarse frente a la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje, precisa la convocatoria divulgada en perfil de Facebook de la agrupación obrera, la cual llama a portar lazos amarillos para respaldar la protesta policial.
La ANEP adelantó que esta será la primera de una cadena de eventos de protesta contra la perversidad de dicha legislación, impuesta a contrapelo y mostrando una gran carga de odio de clase en contra de las personas trabajadoras asalariadas estatales.
En un vídeo, uno de los dirigentes de la ANEP, Mainor Anchía, aseguró que esa norma -entró en vigor el pasado día 10- no es buena para Costa Rica y subrayó que no es justo para las personas que integran los cuerpos policiales ni es bueno para el país que se sigan desmejorando las condiciones laborales de nuestros policías, advirtió.
Apuntó que el Ministerio de Seguridad Pública no debió ser contemplado dentro de la Ley Marco de Empleo Público, como tampoco debió estar dentro de la Ley Fiscal, ya que la función policial es de carácter especial, de ahí que los cuerpos policiales deben estar cobijados por su propia legislación: la Ley General de Policía.
De su lado, el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, resaltó que esta ley debe ser derogada, ya que no se puede arreglar porque considera tiene muchas inconstitucionalidades.
Recordó que el 10 de febrero la ANEP planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley porque el objetivo del Gobierno es hacerla más draconiana, y que se lo avalen y legitimen con diversos actores.
«Las policías de Costa Rica están en la peor circunstancia salarial, ocupacional y de riesgo de vida de toda la historia», aseveró Vargas.
Tanto la ANEP como otras agrupaciones obreras, integrantes del Movimiento Sindical, rechazaron participar en un diálogo convocado por el Gobierno para analizar esa norma, al considerar que las imposiciones previas del Ejecutivo ponen un candado a la discusión de los temas más lesivos de la Ley Marco de Empleo Público.
Las organizaciones sindicales deploran que en la apertura del proceso el Gobierno anunció ‘las reglas de oro’, imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, en especial aquellos más polémicos y que son rechazados por los empleados públicos.
Con ello, sostienen, el Gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo.
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