La FGR emitió un comunicado de prensa, en el cual informa de su solicitud a la SCJN de revisar la decisión de desechar la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador por los problemas de interpretación que impiden definir si tiene o no fuero y, en consecuencia, si será procesado por los tribunales.
El viernes pasado el magistrado Juan Luis González desechó la controversia creada por el parlamento local dominado por García, que lo benefició a pesar de la decisión en su contra del Congreso de la República.
Por temas de procedimiento, al señalarse que el congreso del estado no tuvo ninguna afectación por el juicio de procedencia realizado en la Cámara de Diputados, el proceso se enturbió y estancó en favor del procesado, lo cual impide una acción definitiva de la FGR.
En el acuerdo donde dio a conocer su decisión, el magistrado González señaló que no existe afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo promovente (el de Tamaulipas), pues para resentir un agravio era indispensable haber obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que éste se viera mermado.
Es decir, en términos más potables, la decisión la tiene el congreso de Tamaulipas, no el federal, el cual declaró en beneficio del mandatario.
Ya este había logrado que no se incluyeran en el proceso las dos acusaciones más graves: lavado de dinero y vínculo con el crimen organizado.
La FGR presentó el recurso en su carácter de tercero interesado, en el que defiende sus facultades de intervenir en cualquier controversia constitucional que afecte al orden jurídico nacional, el cual debe ser analizado y votado en alguna de las salas de la SCJN, lo que no se ha hecho aún.
Allí se definirá si el mandatario estatal puede o no permanecer en el cargo.
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