Al presentar el informe “Retos Humanitarios 2023″, el jefe de la delegación de la entidad, Lorenzo Caraffi, señaló además 515 víctimas de artefactos explosivos en el país, de las cuales 56 fallecieron.
Los equipos del CIGR registraron 209 desapariciones con relación a los conflictos armados y 39 mil 404 confinamientos, el 64 por ciento perteneciente a pueblos indígenas, añadió.
Los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca se llevaron el grueso de estos últimos casos, precisó el documento.
La actuación de nuestra fuerza permitió ayudar a 334 mil personas con la entrega de alimentos y agua, subrayó Caraffi.
Recuperamos 39 cuerpos dados por desaparecidos para que pudieran ser devueltos a sus familiares, y participamos en la liberación de 63 ciudadanos en poder de grupos armados, abundó.
Ante la compleja situación, la CICR pidió a los actores involucrados dimensionar y reducir las consecuencias humanitarias que genera la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos y los efectos directos e indirectos para la población civil.
Recomendó al Estado fortalecer las capacidades institucionales a la hora de atender a las poblaciones que más necesitan de políticas urgentes y la generación de mecanismos de búsqueda para dar con las personas desaparecidas.
Los autores del informe aseguraron que saludan el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y los diferentes grupos armados no estatales, y esperan que esto pueda transformarse en hechos concretos que alivien el sufrimiento de la población civil.
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