Después de seis días de desfile de pruebas en contra del otrora alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios, que acoge a los ejecutivos del anexionista PNP, un jurado de nueve mujeres y tres hombres determinó su culpabilidad por cargos de extorsión, soborno y conspiración.
Pérez Otero fue arrestado en la madrugada del 9 de diciembre de 2021 en su hogar por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos después de obtener testimonio del empresario corrupto Oscar Santamaría, quien acumuló millones de dólares mediante contratos con los ayuntamientos para el recogido de desperdicios.
El empresario de origen colombiano, con estrechos vínculos con la cúpula política del PNP, otorgaba sustanciosos sobornos permanentes a los alcaldes con los cuales establecía acuerdos, como el propio Pérez Otero, al que pagó una deuda de campaña de 70 mil dólares y después le entregaba cinco mil dólares mensuales.
Además de Santamaría, el otro testigo clave contra el político lo fue su colega Félix Delgado, quien tuvo que renunciar a la alcaldía de Cataño, luego de levantar las manos en la fiscalía federal de Estados Unidos en San Juan, tras el FBI ir tras sus pasos y los de su esposa ante su ostentoso estilo de vida.
Precisamente, Delgado fue responsable de restaurar las fracturadas relaciones entre Pérez Otero y el empresario, que comenzó su ascenso desde el Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, donde laboraba con la delegación del PNP antes de comenzar a registrar empresas para obtener contratos públicos.
Santamaría consiguió que Liza Fernández, esposa de Pérez Otero que renunció a la judicatura para asumir función de “primera dama”, fuera contratada en el ayuntamiento de Cataño, donde no necesitaban sus servicios, aparte de obtener otro por 168 mil dólares del Fondo del Seguro del Estado, que nutre a parientes de políticos del PNP.
Durante el juicio, los fiscales federales Nicholas W. Cannon y Myriam Fernández sentaron las bases ante una posible apelación en el Tribunal del Circuito de Boston después que reciba la condena en agosto próximo de entre cinco a 20 años de prisión.
En cuatro oportunidades, admitió su abogado defensor Osvaldo Carlo, la fiscalía federal le ofreció a cambio de su admisión de culpa una sentencia por debajo de la que se han impuesto a varios alcaldes convictos por corrupción en los últimos meses.
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