El relator de esa junta, Randolfe Rodrigues, del partido Red de Sustentabilidad, confirmó que esas intimidaciones, con diferentes tipos de gravedad, fueron recibidas por algunos miembros de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el patógeno.
Alertó que ‘parece una acción coordinada’ e insistió en que el caso deberá ser investigado por la Policía Federal para identificar y castigar a los responsables.
Recientemente, el presidente Jair Bolsonaro insultó y amenazó con agredir a Rodrigues, según consta en una conversación privada con el legislador Jorge Kajuru.
En la plática, Kajuru (aliado del gobernante) le explica que no quiere participar en la comisión del Senado sobre presuntas indolencias del Gobierno en su gestión ante la pandemia, si tiene ánimo revanchista.
Ante tal aseveración, el exmilitar responde que si el congresista deja de participar lo hará Rodrigues ‘y va a empezar a romper las pelotas, así tendré que agarrarme a golpes con esa basura’.
En el mismo intercambio de opiniones, Bolsonaro reconoció su temor por los posibles efectos negativos de la investigación en el Gobierno y solicitó a Kajuru
que maniobre para que la CPI evalúe también a alcaldes y gobernadores.
Como parte de la agenda, el exministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo declara este jueves en la comisión.
Las solicitudes de convocatoria fueron presentadas por los senadores Marcos do Val y Alessandro Vieira, quienes desean explicaciones sobre la conducta de la diplomacia brasileña durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Do Val pidió también que la CPI averigüe acerca del agravamiento de los casos en el norteño estado de Amazonas, con la falta de oxígeno para pacientes hospitalizados por la dolencia.
El parlamentario explicó que, en su período como canciller, Araujo ‘ejecutó en política exterior el negacionismo de Jair Bolsonaro en la pandemia, lo cual habría hecho perder a Brasil un tiempo precioso en negociaciones de vacunas e insumos para combatir la enfermedad’.
La CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante la Covid-19, que provocó hasta la fecha más de 436 mil muertes y 15 millones infectados, así como supervisar la aplicación de los recursos federales por parte de los estados y municipios.
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