De acuerdo con el titular del legislativo, Crispiano Adames, la llamada ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, presentada en 2021, volverá el jueves venidero a la mesa de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
El anuncio de Adames se hizo durante un encuentro al que asistieron el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino y el Procurador de la Nación, Javier Caraballo, dos de los más fervientes defensores de la controversial iniciativa.
Según Adames, quien hasta la fecha había cuestionado su contenido, con esta decisión el legislativo muestra la voluntad política de poder avanzar en la discusión del proyecto y reitera su posición firme en contra del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico internacional de armas y otras actividades ilícitas
Por su parte, Pino calificó de muy positivo el paso que se ha dado de poder iniciar el primer debate de esta herramienta jurídica, de suma importancia en la lucha contra el crimen organizado.
Caraballo también afirmó que la entidad está abierta a esta discusión y de hacer los ajustes y perfeccionar la iniciativa legislativa, al tiempo que subrayó que esa entidad ha reforzado la preparación de fiscales en lo que se aprueba la norma.
En enero de este año las contradicciones entre el Gobierno y el poder legislativo en el istmo se agudizaron en torno a la ley de extinción de dominio.
“No somos partidarios de aceptar la aspirina que usan otros pueblos para remediar sus enfermedades. Nosotros somos partidarios de fabricar nuestra propia aspirina con sabor a lo nuestro, típicamente nacional”, dijo Adames hace dos meses atrás.
Incluso Pino llegó a señalar que de retirarse la iniciativa, significaría un tiempo más para su elaboración y estarían contra reloj debido a que esta administración termina en junio de 2024.
«Esta ley no la quiere el ministerio, la necesita el país. En el día de mañana, si no se aprueba, todos nos vamos a acordar”, aseguró.
La aprobación de esa ley es cuestionada más aún en el istmo, luego de que la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, emitiera unas controversiales declaraciones en las que demandó a los diputados a aprobarla.
Presentada en abril de 2021 ante el parlamento, la ley pasó por tercera ocasión del debate en plenaria al análisis en una subcomisión técnica, lo que algunos observan como un obstáculo a una herramienta necesaria para debilitar las operaciones del crimen organizado.
jha/ga
