En un comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo (CJEF) que circula hoy en los medios, el gobierno acusa al magistrado Javier Laynez de actuar en contra de lo que prevé la norma fundamental al admitir a trámite una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y suspender definitivamente un decreto expedido por el parlamento que modifica dichas leyes.
Alerta que no es común que, un viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante, ni es normal que se admita a trámite una controversia de ese tipo porque la Constitución no lo permite.
Advierte que nunca había ocurrido en la historia de México que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.
Indica que la acción del juez es una excepción que modifica precedentes jurisprudenciales en la materia y anula la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley es la expresión de la voluntad popular y solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
Esto es, aclara, una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir.
Resulta preocupante, agrega, que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto.
También es falso su argumento de que se ponen en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria.
Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal impugnará la decisión de Laynez Potisek, mientras exigió a los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que les corresponden sin traspasar límites de la Constitución.
De esa manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación.
Advirtió finalmente que el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano.
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