Blanco de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, la normativa será mantenida “mientras haya pandilleros en la calle” puntualizó el titular, cabeza visible, junto a Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, de la quinta parte del Plan de Control Territorial (PCT), los cercos de los municipios.
La medida aprobada por 30 días el 27 de marzo de 2022 fue prorrogada consecutivamente en 11 oportunidades hasta el 15 de este mes, su mas reciente extensión.
Meriño puntualizó que estas ampliaciones se realizaron de acuerdo a la Constitución, aunque algunas fuentes precisan que ese tipo de medida no deben existir por tanto tiempo pues se violan derechos de personas inocentes.
Todo lo que se hace es constitucional y legítimo, reiteró el titular de Defensa, visto con frecuencia en operaciones de cerco militares en municipios como Soyapango, uno de los primeros donde se aplicó esta acción a gran escala.
El jefe militar detalló que el PCT tiene importantes logros, entre ellos, la detención de 66 mil 438 personas, dos mil 347 armas de fuego ocupadas y la incautación de 9.6 toneladas de diversas drogas, principalmente cocaína, entre otras logísticas.
Pero, mientras el gobierno habla de sus éxitos, sectores afectados por las pandillas denuncian la falta de acción de las autoridades para esclarecer los crímenes que motivaron el estado de excepción.
Según un informe del diario La Prensa Grafica a un año de la ola homicida que dejó el día más violento de la historia reciente de El Salvador con 62 asesinatos, y que originó el régimen de excepción, las víctimas siguen sin recibir justicia.
El informativo recogió testimonios de 10 familias que constatan que no recibieron apoyo estatal, algunas tuvieron que huir de sus hogares y otras aún viven con temor a las pandillas.
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