Abordado sobre la supuesta ineptitud y tendencia política conservadora de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, respondió que tiene que haber reforma en ese poder del Estado como ya lo están concretando en el Ejecutivo y el Legislativo.
En el primero la transformación es donde más ha avanzado, ya no hay tolerancia a la corrupción y la impunidad, y en el segundo «ya no hay moches (recorted) en los presupuestos ni tampoco dinero asignado a cada legislador para el soborno y aprobaran leyes que beneficiaban a los millonarios y perjudicaban a los pobres».
La prueba de toda esa corrupción la personaliza el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya quien declaró públicamente que el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) entregaba dinero en maletas a los parlamentarios para que aprobaran leyes como la reforma energética para entregar el sector al capital privado, principalmente extranjero.
El caso del Poder Judicial, considerado el más corrupto de todos, es un asunto complejo, explicó el mandatario, porque requiere renovarse completamente y es un asunto estructural, pues no se trata solo de cambiar jueces, magistrados, ministros, es toda la abogacía en general y su formación ética y moral en las escuelas, la educación, para crear abogados rectos profesionales y honestos.
Puso de ejemplo al juez Javier Laynez, «quien canceló él solo, sin consultar a nadie, y un viernes en la noche, la reforma a leyes electorales secundarias aprobadas por el Congreso de la República, el poder del Estado más cercano al pueblo, y actuando como si él fuera Su Serenísima Majestad, la alteza del supremo conservadurismo, y sin ni siquiera ser elegido por el pueblo para ejercer como juez de la Corte».
Dijo en forma hipotética e irónica que si ese mismo señor, abusando también de su poder, le ordenara como presidente de la República, que proponga a mil 800 jueces para renovar ese poder corrupto, no lo podría hacer pues no hay garantías en el país de que haya tantos abogados honestos.
Con ese ejemplo ficticio quiso significar que el énfasis en la transformación de ese poder del Estado está en la formación de sus profesionales porque en la escuela les enseñan el derecho privado y no el público, que es el principal y que casi ha desaparecido de los currículos de la Academia.
Concluyó en ese sentido que la reforma judicial debe comenzar transformando y mejorando los planes de estudio, poniendo en correspondencia la educación con la nueva realidad que se vive en el país y fortaleciendo valores y el humanismo, y que ese sea el tono común en todas partes.
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