Afirmó en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv que este jueves en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrán lugar los análisis y debates del proyecto de normativa con los gremios de profesionales de la información.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por su parte, aseguró en su cuenta de Twitter que el Gobierno del presidente, Luis Arce, defiende y garantiza la libertad de expresión y en esa línea solicitó a la CDH de la Cámara de Diputados iniciar la socialización.
El artículo 281 del anteproyecto de normativa 305 de Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos es criticado por algunas asociaciones de periodistas de Bolivia porque consideran que afecta la libertad de expresión.
Parte del articulado observado prevé sanciones de tres a siete años de cárcel contra personas que difundan por cualquier medio “ideas basadas en la superioridad racial”; “promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación”; “pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios” e “incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”.
Arce reiteró el martes último en entrevista televisada que su Gobierno no ha tomado, ni tomará ninguna acción en contra de la libertad de expresión o la Ley de Imprenta.
Consideró, además, que antes de cualquier acción se debe dialogar y exponer las observaciones en las instancias correspondientes.
Los artículos criticados de la normativa están en la línea de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que rige desde 2010 en la nación andino-amazónica.
Según Alcón, “en el país, y como dijo en su informe preliminar la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos en su visita a Bolivia, existe amplia libertad de prensa, no solo libertad de expresión, sino amplia libertad de prensa, y aquello no va a cambiar en el territorio nacional”.
De esa forma, la viceministra del área adscrita a la cartera de la Presidencia desmintió a los sectores de la oposición que en los últimos días expresaron que el proyecto de Ley 305, cuyo objetivo es perfeccionar la lucha contra el racismo y la discriminación, vulnera el derecho a la libre expresión.
Recordó que este proyecto cumple compromisos previstos internacionalmente y reiteró que el Gobierno de Arce “no va emitir una normativa que vaya a vulnerar la libertad de expresión, no va a emitir una normativa que vaya en contra de la Ley de Imprenta que está en completa vigencia”.
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