Por segundo año consecutivo, a causa de la pandemia de Covid-19, faltó este 20 de mayo la presencia física multitudinaria por la más céntrica avenida capitalina y en su lugar se llamó a ‘calle y aceras vacías’ para remarcar la memoria de las 197 víctimas.
Desde el amanecer de la fecha, jóvenes estudiantes enarbolando las fotos de todos aquellos en la explanada de la Universidad de la República abrieron el programa de homenaje que incluyó banderas en balconadas y un video por televisión de imágenes y nombres de cada uno para acompañarlos con la exclamación ‘presente’.
Alba González, una de las madres, denunció que los poderes del Estado no asumieron a fondo la responsabilidad de que ‘hoy sigamos sin saber dónde están’ los desaparecidos y todavía se apela únicamente a la voluntad de la institución militar para conseguirlos, que sigue sin dar resultado.
‘El ocultamiento de sus cuerpos es un delito específico, que se continúa cometiendo cada día hasta que los encontremos o se sepa todo lo que pasó, un delito mafioso, porque sobrepasa a la víctima y se comete para enviar un mensaje a los demás’, sostuvo en nombre de la agrupación.
Recordó que hace un año se entregó al presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, documentos que revelarían la existencia en la sede del Comando de la división del Ejército I de importantes archivos de la Organización de Operaciones Antisubversivas (0C0A) que podría aportar datos de desaparecidos, sin tener ninguna respuesta.
Otros dos referentes, Ignacio Errandonea y Javier Tassino sospecharon que el hallazgo el 23 de abril de mil 600 folios de documentos en una instalación militar fue plantado por el Ejército, antes de la Marcha del silencio, y según uno de sus receptores, la Institución de Derechos Humanos son de escaso valor.
Su presidente Wilder Tyler sostuvo que militares subalternos callan datos sobre detenidos desaparecidos por temor a perder jubilaciones y la estructura de las fuerzas armadas tiene custodios, enfermeros, choferes que estaban cerca de las víctimas.
Por su parte, la directora del Observatorio de derechos humanos, Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, cuestionó que la Justicia tolere maniobras dilatorias de abogados defensores de los acusados de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
En la semana, la Fiscalía uruguaya de Crímenes de Lesa Humanidad abrió una investigación adicional por el asesinato de dos legisladores en Buenos Aires en 1976 bajo la represiva Operación Cóndor de las dictaduras suramericanas.
Familiares del diputado Héctor Gutiérrez y el senador Zelmar Michelini y de otros dos jóvenes presentaron una denuncia, basada en la identificación en 2020 en la capital argentina de un nuevo centro de detención, en la calle Bacacay, en la misma manzana del conocido como Automotoras Orletti.
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