La Fiscalía incorporó la víspera a su acusación ante la Justicia las ilícitas financiamiento al terrorismo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.
En el expediente Golpe de Estado I se investiga el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertos, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
La solicitud fue presentada este jueves en el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de la ciudad de La Paz, y en ella la fiscalía reclama fijar fecha y hora para la audiencia en que se fije una medida cautelar, de acuerdo con el documento de imputación dado a conocer por el canal televisivo DTV del diario La Razón.
“Existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”, precisa el documento.
Camacho reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, “cerró” con militares y policías un acuerdo para que violaran su compromiso constitucional y no respaldaran al presidente Morales.
Ese complot aceleró la acción golpista y la toma del poder por Áñez al frente de un gobierno de facto.
Cohecho activo, según el artículo 158, precisa que quien “directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio”.
En noviembre último, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció movimientos bancarios de Camacho entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 ascendentes a 4,5 millones de bolivianos (más de 642 mil dólares).
La Fiscalía reclama “una pericia de auditoría forense a las transacciones que Camacho realizó en 2019 y que, presuntamente, fueron a cuentas de algunos militares como del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros, cuyo abogado admitió que recibió financiamiento del gobernador ahora encarcelado preventivamente en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.
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