“El señor juez ha dispuesto la detención preventiva (de Camacho) por el plazo de 90 días”, confirmó el abogado de la parte denunciante, Marcelo Aliaga, en entrevista al canal Bolivia Tv.
Según el jurista, esta determinación se tomó por el delito de incumplimiento de deberes y no así por conducta antieconómica; sin embargo, la parte querellante presentó una apelación y será un Tribunal de Alzada el que resolverá si existió el delito de conducta antieconómica.
Camacho fue denunciado por las presuntas ilícitas de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado por la supuesta adquisición irregular de un carro de bomberos.
Según la denuncia del diputado del Movimiento al Socialismo Rolando Cuéllar, el vehículo fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública.
La Gubernatura rubricó un contrato presuntamente con una empresa “fantasma” para la compra de un carro de bomberos el 28 de enero de 2022, con entrega prevista para el 27 de junio de ese año.
Tras las pesquisas, la Gobernación cruceña decidió disolver el contrato de adquisición por incumplimiento del plazo de entrega de la empresa suministradora, sin embargo, el carro de bomberos llegó al país a fines de 2022.
Camacho intervino en esta audiencia por la vía virtual porque está recluido preventivamente en Chonchocoro mientras duran las pesquisas por el caso denominado Golpe de Estado I.
La investigación en este último proceso aborda el complot que desembocó en las revueltas que forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, impuso un gobierno de facto con Jeanine Áñez a la cabeza y dio lugar a masacres con saldo de 38 muertes, miles de heridos, torturados, y detenidos ilegalmente.
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