“No vamos a caer en el chantaje, el señor Camacho tiene que explicar a la Justicia, no a nosotros como gobierno, su papel en el golpe de Estado de 2019”, aseguró el dignatario durante una entrevista concedida en Venezuela a la cadena Telesur.
Insistió en que la máxima autoridad ejecutiva cruceña debe explicar también sobre las instituciones incendiadas en ese departamento por sus seguidores, luego que fue aprehendido preventivamente el 28 de diciembre último.
Dos días después, un tribunal de medidas cautelares determinó que permanezca en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, imputado de terrorismo en el expediente penal Golpe de Estado I.
Camacho fue el principal promotor de las revueltas que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.
Este complot es pesquisado en la causa Golpe de Estado I, que investiga las ilícitas mediante las cuales se impuso un gobierno de facto con Jeanine Áñez al frente, y posteriormente se ejecutaron masacres en Senkata y Sacaba, con saldo de cerca de 40 muertes, cientos de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados.
La dirigencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz hizo aprobar en un cabildo, durante la gestión de Rómulo Calvo, promover un revocatorio contra Arce en caso de que no emita un decreto con una amnistía para 180 supuestos “presos políticos”, entre ellos Camacho y otros procesados por el golpe de Estado y los crímenes posteriores.
Tras su encarcelamiento, comandos paramilitares subordinados a los cívicos y a la Unión Juvenil Cruceñista saquearon e incendiaron instituciones públicas como la Fiscalía Departamental, la sede del estatal Banco Unión en Santa Cruz y la Oficina territorial de Impuestos.
“Nosotros no vamos a interferir en el trabajo de la Justicia”, aseguró Arce en la entrevista a Telesur y reiteró que su Gobierno no teme a un revocatorio, en caso de prosperar la iniciativa de los cívicos cruceños.
Sin embargo, sectores políticos de la oposición también rechazan el revocatorio con el argumento de que un fracaso fortalecería la imagen del mandatario.
Figuran entre esas autoridades el gobernador y el alcalde de Tarija, Óscar Montes y Johnny Torres, respectivamente; además del burgomaestre de La Paz, Iván Arias, la dirigencia del contestatario Comité Nacional de Defensa de la Democracia y la del partido Comunidad Ciudadana.
Arce, por su parte, consideró que este proceso sobre el golpe de 2019 debe acelerarse para dar justicia a las víctimas y sus familiares.
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