Por Antonio Paneque Brizuela
Jefe de la Redacción Centro-Sur
El descalabro alrededor del caso legal y sus secuelas de varios años renace ahora por la persistente demora del Senado para aprobar un juicio penal contra la exjurista, lo cual remite a anteriores denuncias por corrupción contra ella, junto a exfuncionarios y otras personalidades públicas.
Legisladores y medios de prensa cuestionaron en las últimas horas la actuación amañada de autoridades legislativas y gubernamentales ante esas acusaciones contra la exlíder del Ministerio Público, cuyo mandato constitucional cesó el 10 de marzo.
“A casi un mes de aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores -publicó el 25 de abril el diario ABC Color- su titular Óscar Salomón, quien busca reelegirse en el próximo periodo parlamentario, sigue sin remitir al Ministerio Público la denuncia penal contra la ex Fiscal General”.
Esa suerte de parálisis alrededor del caso, tras largos años de denuncias e infinitos “conteos de protección” del Legislativo por acusaciones de “cajonear” (engavetar) causas contra allegados, condujo a algunos a ironizar sobre un nuevo “cajoneo”, esta vez a nivel parlamentario y ahora en favor de Quiñónez.
Acto de “condescendencia” que tampoco sería algo nuevo, si recordamos que el Congreso ya exoneró a Quiñónez cuatro veces de un juicio político por cargos nada diferentes a los actuales, la mayoría de ellos para favorecer al expresidente Horacio Cartes ante delitos como lavado de dinero y narcotráfico.
Hechos punibles, además, argumentados hasta la saciedad por legisladores de la coalición opositora Frente Guasú, liderados por el senador Jorge Querey para implementar una resolución a fin de denunciar penalmente a Quiñónez por su extenso historial de denuncias sobre escamotear la ley con vistas a beneficiar a amigos.
NUEVO FISCAL INTENTA CORREGIR EL RUMBO
La afirmación semanas atrás del nuevo fiscal paraguayo Emiliano Rolón, de aplicar la ley “sin distinciones”, significó una tácita aceptación oficial de las insistentes alegaciones respecto a que el Ministerio Público hizo hasta entonces todo lo contrario.
Las declaraciones del titular durante su investidura el 9 de marzo resultaron impactantes para muchos dentro y fuera del país, aunque para el pueblo fueran “un secreto a voces”, dada la corrupción que acompañó también a otros oficiales que violaron la ley como lo hizo la hasta ese día Fiscal General.
El discurso de ascensión de Rolón cobró matices críticos excepcionales después de largos años de demandas contra la exfiscal por encubrir presuntos delitos denunciados contra allegados suyos como el expresidente Cartes, quien la nombró en el cargo durante su mandato (2013–2018).
“Grandes males como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero -admitió la nueva autoridad- que hoy son no solo problemas, sino necesidades insatisfechas”.
El flamante funcionario de la Justicia destacó en su investidura, además, la pertinencia de que la Fiscalía General funcione como un ente “autónomo y abierto al control”.
OTROS FISCALES IMPUTADOS O BAJO SOSPECHA
El Senado volvió sobre el tema el 30 de marzo con el análisis y aprobación de la citada denuncia penal contra Quiñónez por mal desempeño de funciones (prevaricato), obstrucción a la investigación penal y complicidad sobre otros hechos punibles, entre ellos el lavado de dinero.
Las afirmaciones de Rolón también apuntaron -aunque él se abstuviera de decirlo- hacia actos fraudulentos de otros agentes de esa cartera, como la fiscal Ana Girala, de igual forma emplazada por la Justicia el 12 de abril por varios delitos, entre ellos el cohecho.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados aprobó el desafuero o suspensión de privilegios de la funcionaria para poder investigarla, poco después de que la Asesoría Jurídica de la Cámara Alta revelara la nueva denuncia para enjuiciar penalmente a la exfiscal general.
La entidad de jurisprudencia remitió a la Corte Suprema de Justicia, además, la solicitud de destitución de Girala, luego de imputarla el juez José Agustín Delmás por cohecho pasivo y soborno agravados, y asociación criminal.
Todo ello sin descartar, ya en materia electoral, suspicacias contra otros fiscales por delitos aún sin cometer, como la exhibida por la opositora Concertación Nacional, que solicitó apartar de los comicios generales a 41 de esos agentes afiliados al gobernante Partido Colorado.
El pedido de la también llamada Concertación Para un Nuevo Paraguay o Concertación 2023 de excluir a esos juristas de toda competencia o jurisdicción en delitos comiciales el día de la consulta, obedeció -según el candidato del ente Efraín Alegre- a “la parcialidad manifiesta en sus actuaciones”. “La ley tiene que respetarse. Por eso hicimos esa solicitud al fiscal general Emiliano Rolón”, declaró el presidenciable, cuyos cuestionamientos principales aludieron en particular a actos fraudulentos de los 41 fiscales durante los comicios internos de diciembre último.
¿UNA FISCALÍA ABIERTA AL CONTROL?
El nuevo fiscal general insistió en convertir a esa cartera en “una institución con autonomía y autarquía”, también en referencia a las críticas contra su antecesora por la negativa “a abrirse al control”. Las palabras del jurista aludían a las acciones de inconstitucionalidad de Quiñónez para impedir que la Contraloría General auditara su Administración, cuyo ocultamiento de causas graves fue denunciado desde 2022 por el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
Los debates del entonces titular frente a un ente bicameral incluyeron declaraciones del senador Querey, quien integró en 2019 una comisión para investigar los vínculos de Cartes con el cambista brasileño Darío Messer sobre delitos como lavado de dinero, en los que también Quiñónez “puso su mano” (o dejó de ponerla), según el legislador.
El delincuente financiero carioca fue procesado por la operación Autolavado Expreso (Lava Jato), considerada entre las mayores de Suramérica, al mover, entre 2011 y 2017, mil 600 millones de dólares por tres mil cuentas bancarias de 52 países, precisó Querey.
“Quiñónez merece un juicio político por su inacción ante tales denuncias”, opinaba ya desde entonces el senador por el opositor Frente Guasú.
“La propuesta de nuestra bancada es contra la parcialidad manifiesta en la gestión de la ex Fiscal General”, subrayó Querey, cuya voz resonó como un eco familiar dentro del edificio del Congreso, tras largos años de acusaciones por corrupción contra Cartes y Quiñónez, “sin que prosperara una imputación seria”.
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