De acuerdo con el alto comisionado de esa entidad, Volker Turk, el proyecto de ley “es un acto legislativo que suscita una profunda preocupación, por ser incompatible con los compromisos internacionales asumidos”.
Aseguró que, específicamente, incumple con los acápites del derecho a la libertad de expresión, de reuniones y de asociaciones pacíficas, e impone, a su juicio, serias restricciones infundadas, innecesarias e inadecuadas con el logro de los objetivos legítimos asociados al derecho internacional.
Para Turk, preocupa, sobre todo, la ampliación en esta normativa de los poderes de las fuerzas del orden público en la detención y registro de determinadas personas, sin sospechas, y, algunos de los actos definidos como punibles, aparecen de forma imprecisa y demasiado dilatada.
En este sentido, señaló el alto funcionario para los derechos humanos, el documento regulatorio recoge sanciones “desproporcionadas e innecesarias contra los organizadores de protestas pacíficas o los participantes en estas”.
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